Asegurar las Obras Públicas en República Dominicana: Un Desafío Pendiente

Santo Domingo, 21 de agosto de 2025

En la República Dominicana, la gran mayoría de las infraestructuras públicas, como carreteras, puentes, elevados, túneles y edificios gubernamentales, carecen de pólizas de seguro contra daños por fenómenos naturales, a pesar de la alta exposición del país a huracanes, tormentas, inundaciones y sismos. Esta situación obliga al Estado a asumir casi el 100% de los costos de reparación con fondos públicos, impactando significativamente el presupuesto nacional.

Contexto de Vulnerabilidad

El país enfrenta anualmente los efectos de la temporada ciclónica y una actividad sísmica constante, con más de 3,392 temblores de baja magnitud registrados en 2024 y 382 en los primeros dos meses de 2025, según el Centro Nacional de Sismología. En 2022, las lluvias causaron daños equivalentes al 0.3% del PIB, mientras que en noviembre de 2023, las inundaciones generaron pérdidas de US$460 millones y 34 muertes. Un ejemplo notable es el colapso de un muro en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez en 2023, cuya reparación costó al Estado RD$250 millones.

Un censo del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) de 2024 identificó 2,264 puentes en el país, pero no hay registros oficiales de cuántas infraestructuras públicas cuentan con seguros, según la Dirección General de Planificación de Inversiones del MOPC.

Esfuerzos y Barreras para el Aseguramiento

En 2023, el entonces ministro del MOPC, Deligne Ascención, y la exsuperintendente de Seguros, Josefa Castillo, iniciaron conversaciones con el sector asegurador para explorar mecanismos de protección de los bienes estatales. Sin embargo, hasta agosto de 2025, no se han implementado pólizas generalizadas. Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), señaló que solo un porcentaje muy reducido de infraestructuras públicas está asegurado, principalmente proyectos estratégicos financiados por bancos multilaterales que exigen cobertura como condición. Ejemplos incluyen algunos puentes recientes, centrales eléctricas y hospitales o aeropuertos bajo concesión.

Factores que limitan el aseguramiento:

• Falta de previsión presupuestaria: Las primas de seguro no se incluyen en los proyectos.
• Percepción del costo: Las primas son vistas como gasto, no como inversión.
• Ausencia de política pública: No existe un mandato obligatorio para asegurar infraestructuras.
• Baja cultura de aseguramiento: Especialmente en el sector público.

Glass destacó que, sin seguros, el Estado asume el 100% de las pérdidas por desastres, afectando el presupuesto público. En 2022, los huracanes y lluvias representaron el 1.6% del gasto público, según el Consejo Nacional de la Competitividad.

Comparación con Otros Países

Países como Chile, México, Colombia y Panamá cuentan con políticas más avanzadas, incluyendo programas nacionales de seguros y fondos de riesgo para proteger infraestructuras expuestas a sismos y fenómenos climáticos. La República Dominicana, en contraste, está en una etapa inicial y rezagada regionalmente. Wilfredo Baquero, presidente de la junta directiva de Cadoar, sugirió que el sector asegurador debería ser un socio estratégico del Estado, promoviendo herramientas como seguros paramétricos, microseguros y alianzas público-privadas para construir resiliencia.

Proceso de Contratación de Seguros

La contratación de pólizas para obras públicas debe cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, lo que implica procesos de licitación que pueden ser lentos. Las sumas aseguradas cubren el valor total de la obra (construcción, equipamiento, demolición o limpieza post-siniestro) y, en proyectos estratégicos, incluyen lucro cesante y gastos extraordinarios. Las aseguradoras evalúan factores como el tipo de obra, materiales, ubicación, exposición a riesgos y medidas de seguridad para determinar primas y condiciones.

Rol de Organismos Internacionales

• Banco Mundial: No registra contratos finalizados que utilicen su Documento Estándar de Licitación, que exige seguros contra incendios, huracanes, terremotos e inundaciones durante la construcción y transporte. Es responsabilidad del Estado contratar seguros tras la finalización de la obra.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID): En proyectos como la ampliación del puerto de Manzanillo, el MOPC, como ejecutor, decide las coberturas de seguros. El BID supervisa el cumplimiento de los objetivos del proyecto, no las pólizas específicas.

Consecuencias y Recomendaciones

La falta de seguros expone al país a riesgos financieros y operativos significativos, especialmente ante eventos climáticos extremos. El Banco Mundial estima que, sin medidas de adaptación, la República Dominicana podría perder hasta el 17% de su PIB potencial para 2050 y el 20% de los ingresos del Gobierno, pero con prevención, infraestructura resiliente y mayor acceso a seguros, estos impactos podrían reducirse hasta en un 60%.

Glass y Baquero abogan por una política pública de aseguramiento obligatorio, similar a la de otros países, para proteger el patrimonio estatal y garantizar la continuidad operativa. La reciente creación de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático (Decreto 603-23) podría ser un paso hacia la identificación de vulnerabilidades y la promoción de seguros.