Castración Química y Aborto: El Código Penal Dominicano Reaviva un Debate Candente

Santo Domingo, 5 de septiembre de 2025 | 12:01

La reciente promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana el 3 de agosto de 2025, tras 139 años de vigencia del código de 1884, no ha cerrado las controversias, sino que ha encendido un nuevo debate sobre dos temas críticos: la castración química como sanción para delitos sexuales y la limitación del aborto a una sola causal. Mientras el país enfrenta una alarmante cifra de 681 denuncias de violación sexual en lo que va de 2025, según la Procuraduría General de la República (PGR), propuestas como la castración química resurgen en el contexto de casos de alto impacto, como la violación grupal en Villa González, al tiempo que en Europa se impulsa el acceso al aborto seguro y gratuito.

Castración Química: ¿Una Solución o un Dilema Constitucional?

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, avivó el debate al proponer la castración química como una posible medida contra agresores sexuales tras el caso de una joven de 21 años violada por un grupo en Villa González, Santiago. Este incidente, donde los agresores grabaron y difundieron el ataque en redes sociales, desató indignación y reabrió la discusión sobre sanciones más severas. “Casos como estos hacen pensar si no procedería la castración química”, afirmó Castaños, según Diario Libre, aunque reconoció que históricamente ha rechazado esta medida por considerarla inconstitucional, ya que la Constitución dominicana prohíbe tratos crueles o degradantes (artículo 40).

El nuevo Código Penal establece penas de hasta 30 años por violación sexual y asociación de malhechores, pero para Castaños, la reincidencia de estos delitos y el impacto social, agravado por la difusión de contenido en redes, justifican reconsiderar medidas extremas. En 2025, las provincias de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal concentran la mayoría de las 681 denuncias de violación registradas hasta julio, según la PGR, evidenciando la magnitud del problema.

En paralelo, Ecuador ha dado un paso radical. El 11 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa propuso una reforma al artículo 393 de la Constitución para permitir la castración química en casos de violadores con sentencias ejecutoriadas, junto con un registro confidencial de agresores sexuales. Países como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Corea del Sur e Indonesia ya aplican esta medida en casos de reincidencia, mientras Chile y Colombia han implementado registros públicos de ofensores, según el Ejecutivo ecuatoriano. En República Dominicana, sin embargo, la propuesta enfrenta oposición por su posible incompatibilidad con los derechos humanos, como señaló el diputado Eugenio Cedeño, quien considera que la castración química violaría la Constitución.

Aborto: Una Reforma que Divide

El nuevo Código Penal dominicano mantuvo la prohibición total del aborto, permitiéndolo solo cuando la vida de la madre está en peligro inminente, excluyendo las otras dos causales históricamente demandadas: violación o incesto y malformaciones fetales incompatibles con la vida. Esta decisión, ratificada tras años de debate, ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional y Women’s Link Worldwide, que señalan que la criminalización del aborto viola los derechos humanos a la salud, la vida y la no discriminación. Según Human Rights Watch, la prohibición afecta desproporcionadamente a mujeres de bajos recursos, con 1 de cada 10 muertes maternas en el país vinculadas a abortos inseguros, según estimaciones de 2025.

En contraste, Europa avanza hacia una postura opuesta. La Comisión Europea anunció el lunes que evaluará la iniciativa ciudadana “Mi voz, mi decisión”, respaldada por 1.2 millones de firmas, que busca garantizar el acceso al aborto seguro y gratuito en toda la Unión Europea, incluso en países restrictivos como Malta y Polonia. Esta iniciativa refleja una tendencia global hacia la despenalización, como en Argentina, donde la legalización del aborto redujo la mortalidad materna en un 53%, según Amnistía Internacional.

Un Debate Abierto y Complejo

El caso de Villa González, junto con las 3,854 denuncias de delitos sexuales en 2025 (PGR), ha intensificado la presión para endurecer las penas contra agresores sexuales, pero también ha puesto en el centro la necesidad de proteger los derechos reproductivos. La Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres critica que el Código Penal perpetúe un “ciclo de violencia” al penalizar el aborto incluso en casos de violación, dejando a las víctimas sin opciones seguras. Mientras, propuestas como la castración química dividen a la sociedad entre quienes la ven como una solución disuasoria y quienes la consideran una violación de derechos fundamentales.

El nuevo Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader, no ha cerrado estos debates, sino que los ha amplificado. Con un aumento del 8% en denuncias de delitos sexuales respecto a 2024 y una tasa de 127 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos (UNICEF), República Dominicana enfrenta el desafío de equilibrar justicia, derechos humanos y prevención en un contexto de creciente polarización.