Cuestionan supuestos viajes privados de la Reina Letizia a República Dominicana en el avión oficial

Una nueva polémica pone el foco sobre la Casa Real española. Informaciones difundidas por la comunicadora Maica Vasco apuntan a una serie de supuestos viajes frecuentes de la Reina Letizia a la República Dominicana, los cuales se habrían realizado utilizando el Falcon, el avión del Estado, para fines presuntamente privados y de naturaleza financiera.

Santo Domingo.- El centro de la controversia, según las versiones que han comenzado a circular, radica en la notable frecuencia de estos desplazamientos. Se alega que la consorte habría volado al país caribeño en más de 33 ocasiones durante los últimos años, un número que, según las fuentes, resulta difícil de justificar como viajes de ocio o de agenda oficial no comunicada.

La tesis central de estas informaciones es que el propósito de estas visitas estaría vinculado a la gestión del patrimonio personal de la Reina. Las acusaciones sugieren que podría estar aprovechando las condiciones fiscales de la nación caribeña, descrita en el reporte original como un destino atractivo para la gestión de grandes capitales.

El aspecto más sensible de esta polémica es el presunto uso de un recurso público para asuntos de carácter privado. El empleo del Falcon, cuyo mantenimiento es sufragado con fondos del Estado, para actividades que no corresponden a la Jefatura del Estado, plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la ética en el uso de los bienes públicos por parte de la Familia Real.

Estas alegaciones, impulsadas por Vasco, sostienen además que medios de comunicación dominicanos ya habrían advertido previamente sobre estas visitas discretas de la Reina a la isla.

Este episodio, aún en el terreno de la especulación, evoca en la opinión pública el precedente de los escándalos financieros que involucraron al rey emérito Juan Carlos I. Dicho historial ha generado una especial sensibilidad en la sociedad española respecto a la conducta de la monarquía, colocando una vez más bajo la lupa la delgada línea que separa las funciones institucionales de los intereses privados.