El Agujero Negro Tecnológico de la JCE: Una Década de Fracasos y Gastos Multimillonarios

SANTO DOMINGO.- La historia reciente de la Junta Central Electoral (JCE) es la crónica de un costoso patrón: la compra de tecnología millonaria que termina en fracaso, obsolescencia y, finalmente, en bodegas llenas de equipos inservibles. Desde fallidos intentos de automatización del voto hasta la inminente renovación de la cédula de identidad, la institución arrastra una pesada estela de decisiones que han costado miles de millones de pesos al erario público.

La saga del despilfarro tecnológico tuvo uno de sus capítulos más notorios bajo la presidencia de Roberto Rosario. Para las elecciones de 2016, su gestión invirtió 31.8 millones de dólares en 48,000 dispositivos para el registro y escrutinio de votos. El día de los comicios, los equipos colapsaron. Su sucesor, Julio César Castaños Guzmán, los calificó como “poco fiables” y nunca más se usaron, pero el Estado tuvo que pagar 1.2 millones de dólares adicionales por cuatro años de almacenamiento en un almacén.

Lejos de aprender la lección, la JCE de Castaños Guzmán tropezó con la misma piedra. Con la aspiración de automatizar las primarias de 2019, se desembolsaron 19.9 millones de dólares (más de 1,200 millones de pesos) en un nuevo ecosistema de 44,000 dispositivos. El resultado fue aún más catastrófico: un fallo sistémico que provocó la histórica suspensión de las elecciones municipales de 2020 y otra montaña de equipos (laptops, impresoras, monitores) que pasaron a la bodega.

La ironía es que las consecuencias de estos fracasos siguen generando gastos. La actual gestión de Román Jáquez Liranzo, al volver al voto manual en 2024, se encontró con que los escáneres anteriores ya estaban obsoletos, lo que obligó a una nueva compra de impresoras y laptops por 532.2 millones de pesos.

La Cédula: La Próxima Gran Inversión

Ahora, este ciclo parece destinado a repetirse con la cédula de identidad. La JCE se prepara para licitar la compra de un nuevo sistema por un valor estimado de 2,081.6 millones de pesos. Esta adquisición condenará a la obsolescencia todo el equipo comprado en 2014 por 17.7 millones de dólares, ya que la nueva tecnología de impresión láser es incompatible con la actual.

La pregunta fundamental es si este cambio es realmente necesario. Aunque la ley establece una vigencia de diez años para el documento, esto se refiere al plástico, que puede deteriorarse. La normativa no obliga a un rediseño tecnológico completo en cada ciclo. Desde que se abandonó el “librito” en 1992, el formato se ha cambiado en 1998 y 2014. Ahora, en 2025, la justificación de la “renovación” sirve de pretexto para otra inversión multimillonaria, perpetuando un historial de gastos que parece no tener fin.