El Estado se rehúsa a indexar los salarios, pero permite un descontrol en los sueldos públicos

Santo Domingo, RD – El Estado dominicano incumple por partida doble las reglas de los salarios en el país: mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta (ISR) , que afecta a los trabajadores de menor ingreso, también deja sin aplicar plenamente la Ley 105-13, que regula los sueldos de los funcionarios, abriendo espacio a distorsiones al margen de la jerarquía oficial.

Para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposición depositaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa contra el artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, que deja sin efecto la indexación salarial establecida por la Ley 11-92. De lograr su propósito, la retención del ISR aplicaría este año a partir de los sueldos de RD$52,000, y no desde los RD$34,685 como ocurre desde 2017. El Gobierno justifica el incumplimiento al señalar que dejaría de recaudar alrededor de RD$25,000 millones al año.

Una ley en el limbo: La Ley 105-13

A inicios de la década del 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios públicos. Tras intensos debates, el Congreso aprobó la normativa en 2012. Sin embargo, en una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernández la devolvió el 15 de mayo de 2012, un día antes de entregar el mando, advirtiendo que la norma chocaba con la Constitución.

El Congreso Nacional —dirigido por el danilismo en ese entonces— ignoró las observaciones y en 2013 promulgó el proyecto, convirtiéndolo en la Ley 105-13. A los seis meses de su promulgación, quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación, pero casi 13 años después este aún no ha sido aprobado.

Violación de la jerarquía salarial

La ley fija el salario del presidente en RD$450,000 mensuales, y el de la vicepresidencia, junto con los titulares del Senado, la Cámara de Diputados y los jueces del Constitucional, en RD$400,000. Sin embargo, al revisar las nóminas estatales, se observa que al menos nueve funcionarios perciben salarios superiores al del jefe de Estado.

En el caso de las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas —adscritas al Ministerio de Hacienda—, así como la de Alianzas Público-Privadas, bajo el Ministerio de la Presidencia, sus titulares perciben salarios superiores a los RD$500,000, mientras que los ministros de los que dependen devengan RD$300,000. Estas anomalías violan el artículo 5, que establece que ningún servidor público podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado.

Prácticas cuestionadas en asignaciones de combustible

Otro precepto de la ley establece que la asignación de combustible no debe ser mayor al 10% del salario, con excepción del presidente y el vicepresidente. Auditorías realizadas en 2022 por la Cámara de Cuentas y la Contraloría evidenciaron que instituciones manejaron millones de pesos de forma discrecional, otorgando bonos de combustible a personas cuyos cargos no están facultados por la ley.

Falta de voluntad política

Ni Danilo Medina ni su sucesor Luis Abinader, hasta este momento, han promulgado el reglamento de aplicación. En 2024, el entonces titular del MAP, Darío Castillo, indicó que en 2022 había enviado una propuesta de reglamento a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ante las «dificultades que tiene (la ley) para su aplicación», dijo que se optó por un anteproyecto para modificarla, pero aún no ha llegado al Congreso. La nueva propuesta elimina los topes salariales y establece que se determinen en función de los sueldos mínimos.

Diario Libre intentó contactar al actual titular del MAP, Sigmund Freund, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

El Conep apoya la indexación salarial

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) , César Dargam, expresó su apoyo a que el Gobierno aplique la indexación salarial, al considerar que la medida ayudará a aliviar la presión económica que enfrenta la población debido al conflicto en Medio Oriente.

«Esta medida no puede ser vista como separada, sino como parte de una reforma integral que permita identificar los recursos requeridos y en adición poder aplicar una indexación que está contenida en el Código Tributario. Esto no debe verse como parte de una coyuntura sino como algo integral«, dijo.

Así respaldó la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien reiteró su exigencia al Gobierno de que se aplique la indexación para no trasladar toda la carga a la población.