Gobierno activa nueva Ley de Compras para reforzar la transparencia y endurecer sanciones contra la corrupción

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, una legislación diseñada para transformar radicalmente la manera en que el Estado dominicano adquiere bienes y servicios. Desde la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el mandatario oficializó una normativa que busca elevar los estándares de transparencia y establecer un régimen de consecuencias más severo contra los actos de corrupción.

Durante el acto, el presidente Abinader enmarcó la ley como un “paso firme y decisivo” en la agenda de reforma institucional de su gobierno. Subrayó que la nueva legislación representa un compromiso “con hechos, y no solo con palabras” para garantizar que los recursos públicos sean administrados con integridad y eficiencia, y aseguró que su gobierno dotará a la ley de los recursos necesarios para su efectiva implementación.

La Ley 47-25 introduce cambios fundamentales al sistema. Uno de sus pilares es el endurecimiento del régimen de consecuencias, incorporando por primera vez sanciones de tipo penal para castigar las irregularidades. Además, se refuerza la trazabilidad de cada proceso, haciendo que toda compra gubernamental sea visible y auditable desde su inicio hasta su conclusión.

En el ámbito social y económico, la normativa promueve la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y de aquellas lideradas por mujeres, estableciendo una reserva presupuestaria del 30 % para estos sectores. Asimismo, introduce modalidades de contratación más ágiles, como los convenios marco y las licitaciones abreviadas, para hacer más eficientes los procesos.

Para su aplicación, la ley se apoya en la tecnología con el lanzamiento de la plataforma EficomprasRD, una especie de tienda virtual para transparentar las compras menores. A nivel institucional, se fortalece el rol de la DGCP como órgano rector, dotándola de mayor independencia y capacidad de fiscalización, y se establece una coordinación directa con la Unidad Antifraude de la Contraloría y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) para un monitoreo constante.

El jefe de Estado resaltó que esta reforma busca enviar una señal de confianza a los inversionistas y de equidad a los suplidores, con el objetivo final de que la eficiencia en las contrataciones se traduzca en mejores obras y servicios para toda la ciudadanía.