JCE Propone renovación masiva de Cédulas por RD$6,000 Millones Amid Críticas Legales

Santo Domingo, RD – 11 de agosto de 2025 – La Junta Central Electoral (JCE) ha lanzado un ambicioso plan para renovar masivamente la cédula de identidad y electoral, con un presupuesto estimado en RD$6,000 millones, reavivando debates sobre su autoridad legal para alterar la vigencia de documentos existentes y el manejo de fondos públicos. Expertos y juristas cuestionan si esta iniciativa respeta principios constitucionales, recordando precedentes de 2014 y posibles repercusiones en otros proyectos similares.

Dudas sobre la Autoridad de la JCE

El proyecto, calificado por la JCE como un “esfuerzo estatal” para fortalecer la soberanía y la seguridad documental, implica reemplazar el formato actual de la cédula, emitido en 2014 con una vigencia de diez años según la ley vigente en ese momento. Sin embargo, la Resolución 15/2022 de la JCE extendió su validez hasta las elecciones de 2024 y estableció el cambio, interpretando que la Ley 15-19 (actual 20-23) eliminó el plazo de diez años. Esta lectura ha generado controversia, ya que el artículo 20, numeral 12, de la Ley 20-23 permite modificar el diseño, pero no autoriza acortar vigencias establecidas por leyes anteriores.

Juristas consultados argumentan que esto viola principios como la irretroactividad de normas restrictivas (artículo 110 de la Constitución) y la confianza legítima, reconocida por el Tribunal Constitucional en fallos como TC/0168/13. “Los ciudadanos obtuvieron sus cédulas con una expectativa de diez años; alterarla ahora afecta derechos adquiridos,” señalan. En 2014, una renovación similar fue criticada por magistrados como Eddy Olivares y José Ángel Aquino, quienes cuestionaron la legalidad de ignorar el plazo legal.

Comparaciones Internacionales y Costos

En Colombia, el Consejo de Estado rechazó una medida similar, argumentando que homologar documentos no justifica desconocer plazos legales. Expertos temen que, sin una causa grave como avances tecnológicos probados, este cambio genere inseguridad jurídica. Además, el costo de RD$6,000 millones representa una inversión significativa, y su aplicación podría extenderse a otros proyectos, amplificando el impacto presupuestario y logístico, como congestiones en centros de emisión.

Con 8,075,894 cédulas vigentes, renovarlas en un plazo corto podría causar aglomeraciones y dejar a ciudadanos sin identificación válida, agravando problemas cotidianos como trámites bancarios o votaciones.

Defensa de la JCE y Novedades Técnicas

La JCE defiende el proyecto como esencial para combatir la ciberdelincuencia y falsificaciones, argumentando que la nueva ley electoral eliminó el plazo fijo. El documento propuesto usará policarbonato con grabado láser, chip seguro y código QR, incorporando datos biométricos cifrados para mayor protección contra clonación. “Es un paso hacia documentos más seguros y modernos,” afirma la entidad.

El concurso para la nueva cédula ha enfrentado impugnaciones, pero la JCE asegura transparencia y cumplimiento legal. Mientras tanto, el debate persiste sobre si esta renovación respeta derechos ciudadanos o impone cargas innecesarias.