Ratifican arresto domiciliario a coronel vinculado a trama de sobornos en instituciones públicas; defensa anuncia apelación por «trato desigual»

El juez rechazó variar la coerción a Andrés Pacheco Varela, imputado en la Operación Lobo, mientras que otros coimputados obtuvieron medidas menos gravosas. La trama habría desviado más de 100 millones de pesos en contratos de seguridad.

SANTO DOMINGO, 20 de marzo de 2026 – El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este viernes la medida de coerción de arresto domiciliario contra el coronel Andrés Pacheco Valera, imputado de integrar una presunta estructura delictiva dedicada al pago de sobornos para garantizar contratos de seguridad privada de militares y civiles en instituciones del Estado.

La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, quien rechazó el pedimento de variación de la medida presentado por la defensa y acogió la solicitud del Ministerio Público de mantener la restricción judicial bajo el argumento de la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la posibilidad de que, por su condición de coronel activo e imputado, pueda interferir u obstaculizar el curso de la investigación en su contra .

Defensa denuncia «trato desigual»

El abogado Félix Portes, representante legal de Pacheco Varela, calificó la decisión como desigual e informó que apelará ante la Tercera Sala de la Corte de Apelación. Señaló que esta misma corte ya ha revocado el arresto domiciliario a otros coimputados en el mismo proceso (Operación Lobo), otorgándoles medidas menos gravosas pese a enfrentar situaciones jurídicas similares o de mayor peso.

«Vamos a esperar la decisión íntegra para apelar, porque entendemos que hay otros coimputados que ya no están bajo arresto domiciliario y él tiene el mismo derecho a ser beneficiado en igualdad de condiciones» , expresó Portes.

Modus operandi y cifras millonarias

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase) habría sido utilizada como vía para canalizar pagos ilícitos a funcionarios. Entre los hallazgos, el órgano persecutor destaca transferencias millonarias para facilitar contrataciones, omitir supervisiones y agilizar pagos en distintas instituciones del Estado.

Las investigaciones señalan que el esquema impactó entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) , Edenorte, Edeeste, Edesur y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) .

Uno de los casos expuestos involucra a Edesur, donde se habrían transferido más de RD$15 millones en sobornos, mientras que en Edenorte, Andrés Pacheco Valera habría recibido unos RD$5.1 millones mediante pagos mensuales.

Implicados en la trama

En la lista de implicados figuran además:

• Carlos Ambrosio Robles Díaz (mayor general retirado)
• Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez (coroneles)
• Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (coronel de la Fuerza Aérea)
• Ramón Quezada Ortiz (coronel de la Policía Nacional)
• Quilvio Bienvenido Rodríguez González (empresario)
• Bolívar Nicolás Fernández Espinal (civil)