¿Rinde el dinero al Gobierno? La contradicción fiscal de Abinader

Un dilema económico que persiste

El presidente Luis Abinader enfrenta un desafío fiscal que él mismo ha puesto en evidencia con declaraciones contradictorias. Por un lado, ha defendido la eficiencia en la gestión de los recursos públicos; por otro, admite las dificultades para satisfacer las necesidades sociales sin una reforma fiscal. Los números reflejan la realidad: los gastos del Estado superan con creces sus ingresos, generando un déficit que complica el panorama económico.

En enero de 2023, durante una serie de inauguraciones, Abinader aseguró que el dinero “rendía” bajo su administración, respondiendo a críticas de la oposición sobre la limitada inversión en obras públicas. Sin embargo, en julio de 2025, en un encuentro con comunitarios en San Antonio de Guerra, el mandatario reconoció que al Gobierno le resulta “extremadamente complicado” atender las demandas sociales debido a la baja recaudación fiscal. “Este es el Gobierno con los ingresos más bajos en proporción al tamaño de la economía”, afirmó, destacando la necesidad de una reforma tributaria.

Evasión e informalidad: las trabas del sistema

Un factor clave detrás de esta limitación es la evasión fiscal, que alcanza el 47 % del potencial tributario, según datos oficiales. Esto significa que casi la mitad de los impuestos estimados no se recauda. Además, la informalidad agrava la situación: el 53.4 % de la fuerza laboral dominicana opera en el sector informal, sin contribuir al sistema tributario ni a la seguridad social, según el Banco Central. Esta realidad reduce significativamente los recursos disponibles para el Estado.

Durante el evento “El Gobierno Contigo” en Guerra, Abinader pidió a los ciudadanos cumplir con el pago de servicios como agua y electricidad para que el Gobierno pueda responder a sus necesidades. “No es fácil”, subrayó, destacando la resistencia social a una reforma fiscal. “Todos piden una reforma, pero nadie la quiere cuando llega”, señaló.

Números que revelan el desbalance

El presupuesto de 2025 proyecta ingresos por RD$1,241,364.7 millones, de los cuales, al 18 de julio, se habían recaudado RD$695,450.5 millones (56 % del total, equivalente al 8.7 % del PIB), principalmente de impuestos y otras fuentes corrientes. Sin embargo, los gastos ascienden a RD$802,465.2 millones, un 54.1 % del presupuesto total de RD$1,484,234.6 millones (10.1 % del PIB). Esto genera un déficit de RD$107,014.7 millones.

El gasto corriente, que incluye sueldos, subsidios y otros rubros, representa la mayor carga, con RD$1,308,196.7 millones asignados (9.2 % del PIB), de los cuales se han ejecutado RD$731,892.2 millones (55.9 %). Además, el pago de intereses de la deuda consume RD$298,486.4 millones (2.2 % del PIB), con RD$177,217.1 millones ya desembolsados (59.4 %). En contraste, la inversión en infraestructura y proyectos de capital es limitada, con solo RD$70,573 millones ejecutados de un presupuesto de RD$176,037.9 millones (0.9 % del PIB).

El economista Henri Hebrard destacó la magnitud del problema: “Cada día se necesitan mil millones de pesos solo para pagar los intereses de la deuda”.

El desafío de la reforma fiscal

Con la llegada de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda, la posibilidad de una reforma fiscal vuelve a la agenda. Hebrard advierte que duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 12 a 15 años, una meta del Gobierno, requiere un sistema fiscal más robusto para financiar sectores clave como la agricultura, la industria y los servicios. Sin embargo, el intento de reforma en 2024, que proponía eliminar exenciones fiscales y aumentar impuestos a bebidas y servicios digitales, fue retirado tras un fuerte rechazo social y empresarial.

Un camino incierto

La contradicción de Abinader refleja las tensiones de gobernar con recursos limitados en un contexto de alta evasión e informalidad. Mientras el presidente busca “arañar los chelitos” para cumplir con las demandas ciudadanas, la necesidad de una reforma fiscal estructural se hace cada vez más evidente, aunque su implementación sigue siendo un reto políticamente sensible.