30 de octubre de 2025 | 1:26 am
Transferencias al Sector Eléctrico: Una Carga Persistente para los Contribuyentes
Por CREES, Santo Domingo, RD – 30 de octubre de 2025 | Actualizado a las 00:01
En los últimos años, las transferencias del Gobierno Central a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) se han consolidado como uno de los principales componentes del gasto público dominicano. De acuerdo con datos oficiales, en 2024 representaron el 7.3% del gasto total, y para 2025 se proyecta un 6.7%. En términos de Producto Interno Bruto (PIB), estas transferencias equivaldrían al 1.3% en 2025, una proporción superior al promedio de la última década.
A pesar de estos recursos asignados, las EDE operan con elevados niveles de pérdidas. Hasta julio de 2025, las pérdidas totales alcanzaron el 43.3%: 39.1% por energía perdida y 4.2% por energía no cobrada. Esto obliga a financiar con dinero de los contribuyentes una parte considerable de los costos del servicio eléctrico. En esencia, los ciudadanos pagan no solo por la electricidad que consumen, sino también por la que se pierde o no se cobra.
El Problema Estructural: Incentivos y Gestión
El desafío de las empresas distribuidoras no es meramente contable o financiero, sino de incentivos. Cuando una empresa no depende de su eficiencia para sobrevivir —y las pérdidas son cubiertas con recursos públicos—, los motivos para mejorar se debilitan. No se trata de falta de tecnología o fondos, sino de responsabilidad sobre los resultados. En este escenario, los contribuyentes asumen los costos de una gestión ineficiente, año tras año.
Avanzar hacia esquemas donde los operadores asuman riesgos, respondan por sus resultados y se despolitice el sistema eléctrico sería clave para aliviar el peso de estas transferencias y lograr una sostenibilidad real.
Contexto Económico: Una Carga que Persiste
Esta situación refleja un problema crónico en el sector eléctrico dominicano, donde las transferencias fiscales han sido una solución de corto plazo. El Banco Central y el FMI han advertido sobre su impacto en la deuda pública (US$60,885 millones en 2025) y la capacidad de inversión en áreas como salud y educación.
