El número que el país decidió olvidar: El 28

Por: Brandy Berroa

Todos tenemos el negro detrás de la oreja.

Es un viejo dicho dominicano que recuerda una verdad incómoda: nadie está completamente libre de enfrentar una circunstancia que transforme la vida de su familia. La enfermedad mental no distingue entre ricos y pobres, profesionales u obreros, creyentes o incrédulos. La diferencia no está en quién puede padecerla, sino en las oportunidades que existen para recibir atención.

En mi labor social en las comunidades, visité lo que alguna vez parecía una vivienda, donde vivía una persona con una enfermedad mental no encontré el caos que muchos imaginan. Encontré una madre.

Era una mujer de cabello completamente blanco, con las manos endurecidas por los años y el cuerpo vencido por el cansancio. Conocía de memoria cada movimiento de su hijo. Lo ayudaba a levantarse, lo bañaba, le preparaba los alimentos y esperaba el momento exacto para darle sus medicamentos. Mientras otros veían a un hombre impredecible, ella seguía viendo al niño que un día cargó entre sus brazos.

Aquella escena dejó de ser excepcional. La encontré repetida en distintas provincias del país. Cambiaban los nombres, pero la historia era la misma: una madre que había renunciado a gran parte de su vida para convertirse en enfermera, cuidadora, psicóloga y refugio. También había una pregunta que nunca pronunciaba, aunque se reflejaba en su mirada: ¿qué será de él cuando yo falte?

Porque el tiempo tampoco perdona a quien cuida. Llegan la diabetes, las enfermedades del corazón, el desgaste físico o el alzhéimer. La mujer que durante décadas sostuvo otra vida apenas encuentra fuerzas para sostener la suya. Entonces se comprende que la enfermedad mental nunca afecta únicamente al paciente; también consume, lenta y silenciosamente, a quien decide amarlo sin condiciones.

Durante muchos años bastaba mencionar un número para que cualquier dominicano entendiera de qué se hablaba. El 28 no necesitaba explicación. Era el lugar al que llegaban familias de todas las provincias buscando ayuda para un ser querido. No era perfecto, pero representaba el reconocimiento de que la salud mental era una responsabilidad que el Estado debía asumir. Hoy ese número parece haber desaparecido de la memoria colectiva, aunque la necesidad sigue creciendo detrás de miles de puertas.

En República Dominicana solemos hablar de salud mental únicamente cuando ocurre una tragedia. Esperamos que alguien agreda a un vecino, que una familia viva un episodio de violencia o que un video se haga viral porque «el loco del barrio» lanzó una piedra contra un vehículo. Entonces todos preguntan qué pasó.

Quien nunca ha convivido con una persona con una enfermedad mental difícilmente comprende lo que implica cuidarla. No se trata solo de administrar medicamentos o asistir a consultas. Significa aprender un lenguaje que solo el amor entiende: reconocer cuándo un silencio anuncia una crisis, cuándo una mirada expresa miedo o cuándo un pequeño cambio de conducta puede evitar un episodio mayor.

También existe otra realidad de la que hablamos muy poco. Muchas de estas personas son objeto de burlas, humillaciones y provocaciones. Algunas provienen incluso de miembros de su propia familia o de vecinos que olvidan que detrás de la enfermedad sigue existiendo un ser humano. Esas heridas invisibles también enferman y profundizan condiciones que ya son extremadamente frágiles.

Cuando finalmente la madre fallece o pierde la capacidad de cuidar, desaparece el único equilibrio que sostenía aquella vida. Algunos familiares asumen la responsabilidad con admirable entrega; otros simplemente no cuentan con el conocimiento, el tiempo ni los recursos para hacerlo. Entonces aparecen el abandono, el encierro o la desesperación, no siempre por falta de amor, sino porque el país ofrece muy pocas alternativas.

Quienes poseen recursos económicos encuentran residencias especializadas donde sus familiares reciben procesos de desintoxicación, atención médica, terapias, alimentación adecuada y supervisión permanente. Allí no se escuchan los gritos del barrio anunciando: «¡Se soltó el loco!». La enfermedad deja de ser un espectáculo para convertirse en una condición que merece tratamiento y dignidad.

Basta observar los fines de semana las filas de vehículos entrando a esos centros para comprender que muchos se convierten en una prolongación del hogar. Detrás de sus paredes altas, de la seguridad en la entrada y del constante ir y venir de familiares, hay una escena que recuerda más a las visitas de domingo a la casa de los abuelos que a la imagen fría que suele asociarse con un centro de salud mental. Son espacios donde la enfermedad no cancela el afecto ni la pertenencia.

Muy por el contrario, la realidad del dominicano promedio es muy distinta. Hay familias que al enfermo lo tienen 24/7; apenas logran comprar uno o dos medicamentos de una receta interminable. El resto del dinero alcanza, con dificultad, unas ropitas de reguera y algunos artículos básicos de higiene. En muchos hogares un miembro debe abandonar su empleo para convertirse en cuidador permanente, reduciendo aún más los ingresos. La enfermedad mental deja entonces de ser únicamente un problema de salud para convertirse también en una condena económica y social.

República Dominicana necesita una política pública de salud mental que vaya mucho más allá de atender emergencias. Necesita hospitales especializados, centros residenciales de larga estancia, programas comunitarios y equipos que acompañen tanto al paciente como a quienes lo cuidan. Invertir en salud mental no es un lujo; es prevenir abandono, violencia, exclusión y sufrimiento.

Recordar el 28 no significa idealizar el pasado. Significa reconocer que hubo un momento en que el país entendía que estas personas necesitaban un lugar donde ser atendidas y sus familias un espacio donde encontrar esperanza. Hoy esa esperanza parece haberse diluido mientras el problema continúa creciendo en silencio.

La próxima vez que escuchemos en un barrio la expresión “se soltó el loco” o “ahí va la loca”, quizás deberíamos hacernos una pregunta distinta: ¿quién lo soltó realmente? ¿Fue una familia agotada después de décadas de lucha? ¿Fue una madre que ya no tuvo fuerzas para seguir cuidándolo? ¿O fue un Estado que decidió mirar hacia otro lado mientras miles de hogares enfrentaban solos una realidad que nunca debió pertenecer únicamente al ámbito privado? Casi nadie se interesa por todo lo que ocurrió antes: los años de agotamiento, las noches sin dormir, el sacrificio económico, el aislamiento y el desgaste emocional de quienes sostuvieron esa realidad completamente solos.

Las personas con enfermedades mentales no necesitan compasión pasajera ni titulares después de una tragedia. Necesitan tratamiento, protección, dignidad y un sistema de salud que les permita vivir como ciudadanos con derechos. Sus familias también necesitan descansar, recibir orientación y sentir que no están librando esta batalla en soledad. La grandeza de una nación se mide por la forma en que protege a quienes ya no pueden defenderse por sí mismos.

Quizás el país no necesita volver al 28. Lo que verdaderamente necesita es recuperar la humanidad que ese número llegó a representar para miles de dominicanos.