Inician en tribunal acción contra la prohibición de acceso a playa.

Buscando garantizar el libre tránsito y defender el derecho constitucional de acceso a las playas, se han iniciado formalmente acciones legales ante los tribunales del país por la restricción de acceso público a la playa en el municipio de Boca Chica. Dicha acción ha sido iniciada por los hermano José Alcántara y Francisco Alcántara, quiénes se encuentran representados por su abogado Máximo Miñoso Santoni.

En la primera audiencia de este 28 de agosto, el juez solicito de oficio la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Politur), que deberán comparecer ante el tribunal que conoce una acción constitucional de amparo interpuesta contra el complejo Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino. La demanda se origina tras denunciarse la existencia de un muro con garita y agentes de seguridad que obstaculiza e impide la entrada de los ciudadanos a la mencionada zona playera.

La comparecencia de las instituciones estatales está prevista para la próxima audiencia, fijada para el jueves 10 de septiembre, en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal aplazara el conocimiento del proceso y solicitara formalmente la presencia de las entidades gubernamentales vinculadas a la regulación, protección y vigilancia de los espacios costeros.

El abogado Máximo Miñoso Santoni, quien asume la representación legal de los accionantes, enfatizó que esta acción judicial busca salvaguardar un derecho constitucional por protección efectiva del libre tránsito, recordando que las playas son bienes de dominio público y ningún interés privado puede conculcar el disfrute colectivo.

Dentro de las peticiones hechas al juez está el descenso judicial a la zona, que realice una inspección directa para verificar existencia de obstaculos, infraestructura y agentes de seguridad que impiden el paso.

Además solicitan una sanción económica de un astreinte de una suma RD$ 100,000.00 (cien mil pesos dominicanos) diarios por cada día que transcurra sin restituirse el paso público, mientras se mantenga las prohibiciones de acceso.