22 de octubre de 2026
¿Para quién estamos construyendo el país?
22 de octubre de 2026
Cuando los recursos públicos sostienen intereses sectoriales, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia, resultados y responsabilidades.
Por Bacilio Valenzuela | Opinión | M2 Noticias
Un país no se construye únicamente con obras, discursos o cifras de crecimiento. También se construye con la forma en que administra sus recursos, con la transparencia de sus instituciones y con la capacidad de garantizar que el dinero público se traduzca en beneficios reales para la sociedad.
Por eso, las revelaciones sobre el subsidio a los combustibles destinado al transporte público deben provocar algo más que una discusión pasajera. Deben abrir un debate serio sobre los controles del Estado, la responsabilidad de quienes reciben esos recursos y las consecuencias de las irregularidades que puedan comprobarse.
El subsidio al combustible tiene una finalidad legítima: amortiguar el impacto de las alzas internacionales, contribuir a la estabilidad del transporte y evitar que esos costos recaigan completamente sobre los ciudadanos. El problema no es necesariamente el subsidio. El problema aparece cuando los mecanismos de distribución, supervisión y rendición de cuentas no ofrecen garantías suficientes sobre el destino de los recursos.
Una auditoría que exige respuestas
Una investigación de Listín Diario, publicada el 19 de octubre de 2026, expone hallazgos relacionados con la distribución del combustible subsidiado a organizaciones del transporte. Según la documentación reseñada, la auditoría identificó diferencias entre los registros y los despachos, asociaciones que recibieron combustible sin figurar en determinadas listas oficiales y cantidades cuya asignación o consumo requería aclaración.
La investigación también reportó que el informe de cierre del 6 de mayo de 2025 registró 189 hallazgos: 51 corregidos totalmente, 74 parcialmente y 64 sin corregir. Además, señaló que posteriormente se aprobaron nuevas adendas y se tramitaron pagos relacionados con despachos adicionales.
Estos datos merecen una explicación pública, no una respuesta genérica. ¿Qué medidas se tomaron frente a los hallazgos pendientes? ¿Quién verificó las correcciones? ¿Qué controles se aplicaron antes de autorizar nuevos compromisos económicos?
Fuente:Consultar la investigación de Listín Diario sobre los subsidios a los transportistas. https://listindiario.com/la-
Las discrepancias identificadas no constituyen, por sí solas, una prueba de delito ni demuestran que los dirigentes hayan recibido personalmente recursos de manera ilícita. Pero sí justifican preguntas concretas, verificaciones independientes y respuestas documentadas. La transparencia exige distinguir entre lo que los documentos acreditan y aquello que todavía debe investigarse.
El papel de los dirigentes y la responsabilidad del Estado
Entre las organizaciones mencionadas en la cobertura periodística figuran CONATRA, vinculada a Antonio Marte; FENATRADO, presidida por Ricardo de los Santos; y FENATRANO, liderada por Juan Hubieres.
La presencia de estas organizaciones en los acuerdos y asignaciones de combustible plantea una pregunta legítima: ¿qué mecanismos de control aplicaron para garantizar que los recursos recibidos llegaran a sus destinatarios y cumplieran el propósito para el cual fueron asignados?
Sus representantes tienen la oportunidad y la responsabilidad de explicar cómo se distribuyeron los recursos, qué documentación respalda las entregas y cuáles fueron sus respuestas a los hallazgos que les correspondían. La ciudadanía merece conocer esas explicaciones.
Pero la responsabilidad no recae exclusivamente en las organizaciones beneficiarias. También corresponde al Estado, que diseña los programas, establece los controles, administra los acuerdos y debe supervisar el cumplimiento de sus condiciones.
Si una auditoría identifica irregularidades o hallazgos pendientes, la pregunta no puede limitarse a quién recibió el combustible. También hay que establecer quién autorizó los despachos, quién validó los registros, quién debía corregir las deficiencias y qué consecuencias administrativas se adoptaron.
La rendición de cuentas debe funcionar en ambas direcciones: para quienes reciben recursos públicos y para quienes tienen la obligación de administrarlos y fiscalizarlos.
El subsidio debe medirse por sus resultados
El Gobierno ha defendido la continuidad de los subsidios como un mecanismo para contener el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles. Esa decisión puede responder a una necesidad económica real. Sin embargo, su legitimidad también depende de la calidad de sus controles y de la evidencia de que los recursos cumplen su objetivo.
No basta con anunciar cuánto dinero destina el Estado. Es necesario explicar quiénes lo reciben, bajo qué criterios, cómo se verifica su uso y qué resultados obtiene la población a cambio de ese esfuerzo fiscal.
Cada peso comprometido representa recursos que deben administrarse con rigor. La solidaridad del Estado con un sector no puede convertirse en una obligación de confianza ciega; debe sustentarse en reglas claras, registros verificables y consecuencias cuando se incumplan los acuerdos.
Tampoco sería justo condenar a todo un sector por las actuaciones que puedan atribuirse a determinadas organizaciones o personas. Precisamente por eso se necesita investigar, documentar y establecer responsabilidades individuales e institucionales, sin privilegios ni condenas anticipadas.
La transparencia no puede quedarse en el informe
Una auditoría adquiere verdadero valor cuando sus conclusiones generan correcciones verificables, decisiones oportunas y garantías de que las mismas deficiencias no volverán a repetirse.
Si existen hallazgos sin corregir, la sociedad tiene derecho a saber cuáles continúan pendientes, qué explicaciones ofrecieron los involucrados y qué medidas adoptaron las instituciones competentes. Si hubo correcciones, deben publicarse las evidencias que permitan comprobarlas. Y si se identificaron responsabilidades, corresponde explicar qué actuaciones se realizaron conforme a la ley.
El país no necesita únicamente programas de apoyo. Necesita instituciones capaces de demostrar que esos programas se administran con transparencia y que el interés colectivo prevalece sobre cualquier interés particular.
La pregunta de fondo no es si el Estado debe ayudar al transporte. Es cómo garantizar que esa ayuda llegue a donde corresponde, se utilice para el propósito establecido y produzca el beneficio que justifica el sacrificio económico de todos.
Porque el dinero público no pertenece a una institución, a un funcionario ni a una federación. Pertenece a la sociedad, y quienes lo administran o reciben tienen el deber de responder por su uso.
¿Para quién estamos construyendo el país?
La respuesta no puede depender de quién tiene más influencia, más representación o mayor capacidad de negociación. Debe encontrarse en los resultados que recibe la gente, en la integridad de las instituciones y en la certeza de que las reglas se aplican a todos.
El bien común no puede ser una frase reservada para los discursos. Tiene que ser un resultado comprobable en la vida de los ciudadanos.
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